Exclusión de ENAP, límite de mil toneladas de distribución, no considerar la «portabilidad» y los 18 meses de espera para el reglamento fueron algunas de las razones de los alcaldes para distanciarse de la propuesta de regulación del gas del Gobierno.

Una vez finalizada la reunión con el ministro Jobet y la senadora Rincón (DC), los alcaldes participantes del encuentro emitieron un comunicado donde se explicaron sus razones para considerar insuficiente la iniciativa gubernamental.

En ella participó el alcalde de Chiguayante Antonio Rivas. Una vez concluida la reunión, comentó que «esperamos que lo antes posible se entregue la potestad a los municipios para iniciar la venta de gas, porque es una necesidad urgente llevar gas a precio justo a todos los rincones del país».

Junto a ello, Rivas dejó entrever la posibilidad de recibir el apoyo del presidente electo Gabriel Boric. «Solicitamos una reunión con el presidente electo, que esperamos que se concrete al breve plazo«, señaló brevemente el jefe comunal, quién además es presidente de la Asociación por el Gas a Precio Justo.

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Discrepancias con la propuesta

Los alcaldes agrupados argumentan que la ley propuesta no recoge uno de los planteamientos de los municipios, «en cuanto a considerar a ENAP como actor público y relevante en el modelo de negocio del GLP«.

En segundo lugar, consideran «inaceptable que el proyecto de Ley excluya a las Municipalidades, que hemos sido las principales impulsoras de esta iniciativa, pues impone un cortafuego para que los municipios ingresen al mercado del gas».

Además, aseguran que «siempre hemos manifestado que la intención es ingresar como distribuidores minoristas con marca propia», no obstante critican que «el proyecto del Ejecutivo fija un límite de mil toneladas anuales de distribución de gas«. Los municipios proyectan vender cerca de 8 mil toneladas al año.

Respecto a la propiedad de los cilindros, consideran «nefasto que el documento no garantice la propiedad de los balones de gas en las propias personas y que tampoco considere el concepto de «portabilidad» de los cilindros de gas».

Sobre ello, consideran que «pese a que los vecinos y vecinas compraron sus bombonas, siguen sin ser los propietarios de éstas«. En esa línea, señalan que «esta omisión del Ejecutivo limitará la posibilidad para que nuevos oferentes ingresen al mercado del gas», y que «viene a normalizar un comportamiento abusivo de las tres grandes empresas titulares del oligopolio».

Otro argumento esgrimido hace referencia al plazo de 18 meses para elaborar el reglamento, que consideran «un período de tiempo excesivo, y de orfandad para las y los principales beneficiarios de esta iniciativa legal». Esto debido a que «no se permitirá una regulación inmediata de un mercado que debe responder las necesidades reales de la ciudadanía».

Asimismo, consideran que no se regulará el mercado con la ley propuesta, ya que «no crea una banda legal de precios justos, no pone fin efectivamente al comportamiento monopólico de las grandes empresas y, menos aún, potencia el rol de los municipios y de la ENAP«.

Finalmente, la Asociación de Municipalidades hacen un llamado al Gobierno a dialogar y abrirse a acuerdos «para que conozcan el bien jurídico que esta iniciativa legal debería buscar proteger, de manera oportuna, en beneficio de las chilenas y los chilenos».

Fotografía: Extraída de Twitter.