Carlos Peyrin Matamala corre el riesgo de volver a la cárcel luego de que la Corte de Apelaciones dejara como «pendiente» el fallo sobre la revocación de la libertad condicional. Su defensa irá a la Corte Suprema, acusando que no se está considerando la situación laboral del joven.

Matamala estuvo 18 meses en la cárcel por en contexto de la Ley de Seguridad del Estado por delitos en el estallido social, luego de ser sorprendido haciendo uso de una bomba molotov. Posteriormente se le concedió la libertad condicional bajo ciertos requisitos, entre los que se encuentra la asistencia a talleres de reinserción.

En ese sentido, el pasado 2 de febrero, la Corte de Apelaciones de Concepción dejó como pendiente la el fallo que decide si Carlos Peyrin Matamala debe volver a la cárcel, debido a que no asistió a las últimas sesiones de dichos talleres.

Ante este escenario, la defensa asegura que una eventual decisión de la Corte que revoque la libertad condicional de Peyrin, basada en los incumplimientos de este, no es justa y se desvía de la «reinserción».

Junto a ello, apuntan a sesgo político en la decisión y que ignora ciertas particularidades de su caso, como es el hecho de que recientemente encontró trabajo.

Motivos laborales

De acuerdo con el abogado Esteban Arévalo, «hemos recurrido apelando a la Corte Suprema para que examine los antecedentes», esto tras el rechazo de la Corte de Apelaciones al recurso de amparo de la defensa.

Arévalo argumenta que «los incumplimientos parciales a una parte del plan de intervención a ciertos talleres no constituyen un incumplimiento de una gravedad tal como para poder revocar el beneficio de la libertad condicional y volver a la cárcel», ya que «estos incumplimientos fueron justificados con motivos laborales«.

En ese sentido, acusa que esta situación «lamentablemente no fue recogida en el informe de la delegada de libertad incondicional, que nunca consignó este contrato de trabajo», además precisa que se ignoró el cumplimiento de un elemento del plan de intervención, «que era precisamente obtener un trabajo«.

«Cuando examine (Corte Suprema) todo en su conjunto, se podrá percatar de que revocar la medida de libertad condicional no es una medida que tienda a la reinserción, sino por el contrario, una arbitraria y desproporcionada», asegura el abogado.

Asimismo, acusó motivaciones políticas tras esta decisión en torno a la libertad de Peyrin. «En este caso nos encontramos en uno con connotaciones políticas, toda vez que incluso el seremi de Justicia (s) se refirió al tema abalando o justificando la solicitud de revocación de libertad condicional realizada por organismo que en definitiva dependen de él mismo», explicó, en referencia a Robert Contreras (RN).

Apoyos al caso

Por su parte, la diputada electa María Candelaria Acevedo comenta que «nos parece de suma importancia el hecho de que no se tomen en cuenta las pruebas o las situaciones han ocurrido con respecto a la revocación de este medida cautelar».

«Hoy día esperamos que la Corte de Apelaciones, en este caso ya decidió una información, pero se entregó una nueva apelación a la Suprema para que puedan cambiar la resolución que tiene que ver con su libertad«, afirma.

En cuanto a la condena, la diputada comunista reconoce el delito y sentencia de Peyrin, pero acusa que «es una pena muy excesiva y rara, en función de que él participó en los talleres que le tenían entregados para que pudiera cumplir la pena afuera, pero lamentablemente él no pudo participar en algunos, que fueron 3 o 4, y la medida condicional se la revocaron de inmediato».

«Hay algo de injusticia, porque hay un medio de prueba que dice que no participó de esos talleres porque estaba trabajando, hay un contrato de por medio, entonces ha sido muy inusual la forma en que ha actuado la Corte en este momento«, sostiene.

Asimismo, adelanta que buscarán reunirse con Gabriel Boric por el compromiso adquirido de revisar o cambiar las penas, «en función de que se les pueda acoger la libertad de todos los presos políticos de la revuelta».

Fotografía: Cedida

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