Este miércoles, un grupo de familiares de los involucrados en actos violentos en el campus de la Universidad de Concepción iniciaron una protesta en el edificio del rector de la casa de estudios con el objeto de hacer ver sus exigencias.

En contexto del estallido social, doce jóvenes protagonizaron hechos violentos en las dependencias de la universidad en los meses de febrero y marzo de 2020, por lo que fueron acusados de daño al patrimonio arquitectónico en marco de las querellas interpuestas por el Ejecutivo y la universidad.

Frente a esto, familiares realizaron un encadenamiento en las puertas de la casa de Enrique Molina como medida de presión para se retiren las querellas, así como un llamado al Gobierno a que no participe de la acusación. Exigen que ocurra antes del próximo 9 de mayo, fecha de la audiencia preparatoria de juicio.

«No se condice con el desarrollo libre del espíritu pretender que jóvenes que fueron criminalizados por salir a protestar tengan que estar hasta 25 años en la cárcel», asegura el representante de la agrupación Presos Políticos de Concepción.

Recordemos que el campus Concepción fue declarado Patrimonio Nacional por el Consejo de Monumentos Nacionales, por lo que el daño a las dependencias, de acuerdo con la ley, establece penas de presidio y multas a las personas que causen daño o afecten la integridad.

En ese sentido, la diputada Acevedo (PC) opinó que «en este caso el tratamiento que se ha dado es y ha sido de una severidad excesiva, tomando en cuenta otros hechos ocurridos en el país en donde la justicia no ha procedido de igual manera».

«Instamos a las autoridades, tanto universitarias como gubernamentales a que se retiren las querellas, permitiéndoles a nuestros hijos retomar sus vidas, considerando además que algunos de ellos eran menores de edad en el momento en el cual se les detuvo», manifestó la parlamentaria.

Fotografía: Extraída de Twitter (@LibertadConDig1)

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