Aseguran que de despenalizarse el uso de la cannabis, se reduciría notablemente el poder de las bandas dedicadas al narcotráfico. Junto a ello buscan reorientar la acción policial y judicial, evitando la detención de consumidores particulares.

Un numeroso grupo de parlamentarios que forman parte de Apruebo Dignidad, ex-Nueva Mayoría e independientes lanzó el pasado lunes la denominada «Bancada Transversal de Regulación por la Paz», quienes proponen una nueva estrategia para reducir el poder de los grupos narcotraficantes.

La bancada, liderada por Ana María Gazmuri (AH), agrupa a cerca de 50 diputados de la izquierda y centroizquierda, incluyendo al presidente de la Cámara baja Raúl Soto y la vicepresidenta Claudia Mix.

Aseguran que «el poder de fuego de los traficantes se ve alimentado con nada más y nada menos que un millón de dólares diarios que gastan los usuarios de las tres sustancias de mayor prevalencia de consumo en Chile. El 80% corresponde a cannabis«.

En ese sentido, critican que la acción policial se centre en usuarios particulares de cannabis. «Casi el 70 % de las detenciones por ley 20.000 corresponden a faltas de porte, consumo y cultivo para uso personal y no a los delitos de tráfico y microtráfico«, ejemplifican.

Añaden que esta situación «esto implica una inmensa desviación de recursos públicos, que deben con urgencia reorientarse a perseguir al crimen organizado».

De esta forma, la nueva bancada busca una nueva legislación en torno a las drogas «que no persiga los usos personales ni sus actos preparatorios«.

Explican que «mediante la despenalización efectiva del autocultivo, queremos alejar a los consumidores de cannabis de las redes del Narco y evitar el contacto con otras drogas» y afirman que los usuarios particulares «no son delincuentes«.

«La única manera de quitarle el espacio al mercado informal es la regulación de un mercado formal con estricto control estatal«, concluye la bancada.

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