Aseguran que ser escuchados les entrega certezas sobre la propuesta de nueva Ley de Pesca que diseñará el Ejecutivo.

El próximo 31 de agosto el Gobierno ingresará formalmente el requerimiento de suma urgencia para el proyecto de nulidad de la Ley de Pesca.  Este anuncio fue bien recibido por el mundo pesquero, quienes han exigido en distintos espacios la nulidad de la denominada «Ley Longueira».

En ese sentido, Pedro Salazar, director de la Asociación de pescadores artesanales de Coronel, agradeció que exista «voluntad para anular la actual Ley que nos rige y poder confeccionar en conjunto con todos los actores una nueva ley».

Este último punto ha sido valorado de forma transversal por parte de los pescadores de la región del Biobío, quienes ven en los diálogos territoriales la forma de ser parte importante en la confección de la nueva normativa.

«Es extraordinario que se pueda dar un paso. Lo mismo que pasó con la actual Constitución que se hizo entre cuatro paredes, lo mismo pasó con esta ley Longueira. Hoy tenemos la posibilidad de por única vez en la vida que los trabajadores que hacen el esfuerzo sean considerados en esta nueva ley», indicó Oscar Morales, representante de la Nueva Federación de Tripulantes Artesanales de Chile.

La diputada María Candelaria Acevedo (PC), presidenta de la comisión de Pesca, comentó que este proceso «nos da un grado de esperanza de que podamos hacer los cambios suficientes y plantear que dentro de los próximos meses estaremos en un trabajo que nos permita crear la nueva Ley de Pesca con los actores que son importantes».

«Hablo de los trabajadores de la pesca, los industriales, los pescadores artesanales, las algueras, entre tantos otros que serán quienes construirán la ley de forma democrática y participativa», añadió.

Cabe mencionar que en el proyecto de nulidad de la Ley de Pesca existe un artículo transitorio que le permite seguir vigente hasta por dos años más desde el momento en que se publique su nulidad.

En este tiempo debe ser ingresada y discutida la nueva normativa, la que tendrá como pilares el sustento del recurso marino y la protección del empleo de las miles de personas que trabajan en el mar y sus alrededores.

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