Aumentar la fiscalización de las armas, incrementar el contingente policial y construcción de dos centros para víctimas de atentados son algunas de las medidas que anunció el Gobierno para la zona de conflicto.

Este jueves se llevó a cabo la visita oficial del Presidente Gabriel Boric en la región de La Araucanía, una de las dos regiones del sur de Chile que más se ha visto afectada por la violencia rural y los delitos derivados.

En un punto de prensa entregado en la comuna de Temuco, Boric dijo que «vengo a dar cuenta de lo que hemos trabajado durante estos ocho meses y también a comunicar obras que marcarán el rumbo durante los meses siguientes en materia social, en seguridad (…) también en materia de diálogo político y reparación».

Adelantó una serie de medidas dedicadas a la protección y ayuda a las víctimas de la violencia rural en las provincias de Cautín, Malleco, Biobío y Arauco, dentro de las zonas comprendidas en el Estado de excepción.

Sobre esto, dio a conocer que el Gobierno desarrollará dos centros de apoyo para víctimas de la violencia rural en las comunas de Temuco y Los Ángeles, en La Araucanía y Biobío respectivamente.

«Hemos convenido con el gobernador, la disposición de nuevos recursos para asistir al 100% de las víctimas que vieron afectado su capital de trabajo y que forma parte del programa de apoyo a víctimas de violencia rural», indicó.

Lucha contra la violencia

En cuando a la seguridad, el jefe de Estado hizo hincapié en el desarrollo de un «Plan Nacional contra el crimen organizado«, donde los tres ejes de acción serán el robo de madera, el control de armas y la seguridad alimentaria.

Respecto al plan contra el crimen organizado, Boric detalló que «estamos disponiendo de $20.929 millones de pesos para mejorar la vigilancia de la Ruta 5 Sur y sus caminos aledaños, esto permitirá un control permanente de Carabineros en las zonas prioritarias».

En ese contexto, explicó que se va «aumentar en un 20% el control y fiscalización de elementos sometidos a la ley de armas, en particular en Temuco, Loncoche, Lautaro, Angol y Victoria».

En esa línea, «vamos a modificar la Ley de Control de Armas para que todas las importaciones y exportaciones sean fiscalizadas por el Servicio Nacional de Aduanas y modernizarlo para estar a la altura de este desafío».

Sobre el personal de seguridad, aseguró que en enero de 2023 se incrementará en un «93% el personal de Carabineros respecto del periodo anterior», mientras que en febrero llegará a un «170% el personal».

En cuanto a la seguridad agroalimentaria, dijo que van a «detectar y georreferenciar puntos de producción y rutas alimentarias con historial de denuncias y vamos a constituir una mesa de trabajo intersectorial con miembros de la cadena de producción».

Apoyo parlamentario

La diputada María Candelaria Acevedo (PC) valoró positivamente la serie de anuncios del mandatario, «porque ayuda a buscar y detener a estar bandas organizadas que nada tienen que ver con los pueblos originarios, sino que vienen de otras organizaciones que tienen que ver con el robo de madera y el narcotráfico».

Añadió que «creemos importante que el Estado siga planteando el Plan Buen Vivir, que tiene que ver con el acceso y entrega de tierras a pueblos originarios y fortalecer la inteligencia de PDI y Carabineros» y que «en esas acciones debe ir el Poder Judicial, que debe trabajar codo a codo con los funcionarios».

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