La controversia derivada de los diez indultos otorgados el pasado 31 de diciembre trajo sus primeras consecuencias en la formación del gabinete de Gabriel Boric. El mandatario apuntó a presuntas «desprolijidades» en la gestión de Ríos.

Este sábado se vivió una de las más trascendentes consecuencias políticas de la otorgación de una serie de indultos por parte del Presidente Boric el pasado 31 de diciembre de 2022.

El mandatario, desde el palacio de La Moneda, anunció que aceptó la renuncia de la ministra Marcela Ríos «por desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del ministerio de Justicia y DD.HH.».

La salida de Ríos se produce en vista de una eventual acusación constitucional producto de los diez indultos entregados a nueve presos del estallido social y a Jorge Mateluna, ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Cabe destacar que, en caso del indultado Luis Castillo, sujeto con importantes antecedentes criminales, se obvió los informes de Gendarmería que recomendaban no conceder su libertad.

De igual forma, partidos de oposición apuntaban a una serie de beneficios carcelarios y el traslado de presos en Angol por delitos de violencia rural en su pretexto acusatorio, el que se espera sea presentado este lunes.

Su salida se produce en medio de la tercera elección a fiscal nacional en los últimos meses. Recientemente Boric nominó al abogado y fiscal Ángel Valencia, la tercera opción tras los rechazos a José Morales y Marta Herrera, quienes fueron rechazados por el Senado.

Se esperaba una alocución de Ríos frente a la Cámara Alta, cosa que no ocurrirá como consecuencia de su salida del Gobierno.

Por otro lado, el presidente Boric anunció que el abogado Luis Cordero Vega será el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien se ha desempeñado como docente de Derecho Administrativo en la U. de Chile y magíster en Políticas Públicas.

Además, se desempeñó como coordinador de la Reforma a la Institucionalidad Ambiental, que creó el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, y asesor del Congreso en el proyecto de Tribunales Ambientales.

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