Este miércoles se vota el proyecto en la Cámara de Diputados que busca dar garantías judiciales y mecanismos para salvaguardar a trabajadores de las comunicaciones.

En la tabla de este miércoles y tras de meses de discusión, audiencias y votaciones en particular, el proyecto que protege a periodistas y trabajadores de las comunicaciones podría votarse en la Cámara de Diputados, luego ser aprobado en marzo por la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones.

La iniciativa parlamentaria que ingresó el 6 mayo del 2022 es impulsado por la diputada por la región de Coquimbo y expresidenta nacional del Colegio de Periodistas, Nathalie Castillo.

«Avanzar en materia de libertad de expresión y defensa del derecho a la comunicación e información es trascendental para el fortalecimiento de nuestra democracia y así lo indicaron diversas expertas y expertos que entregaron su apoyo a esta propuesta». destacó Castillo.

La propuesta, de acuerdo con la diputada, contó con asesoría del Observatorio del Derecho a la Comunicación, el Colegio de Periodistas, la UNESCO, más indicaciones del Gobierno, «que solventaron esta propuesta que, de convertirse en ley de la República, será única en el mundo«, añadió.

El proyecto busca consagrar el deber estatal de promover la seguridad de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, con especial atención a las garantías reforzadas que surgen desde su posición de «personas defensoras de derechos humanos».

Asimismo, la iniciativa pretende fortalecer los marcos jurídicos nacionales y mecanismos de protección destinados a salvaguardar la seguridad de quienes ejercen labores de comunicación.

La propuesta surge luego de recoger diversos documentos y estudios nacionales e internacionales –incluido el Informe Anual 2020 de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- que advierten sobre la creciente ola de ataques que sufren periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones.

El proyecto incorpora estudios del Observatorio del Derecho a la Comunicación y del Colegio de Periodistas, que señalan que desde octubre del 2019 ha existido un deterioro en la seguridad de los periodistas, con cifras que alcanzan más de trescientos ataques -principalmente cometidos por agentes del Estado- de los que solo sesenta están judicializados y solo en dos se llegó a la formalización.

Desde el gremio mencionan que entre octubre y noviembre del 2019 se registraron ataques a 17 periodistas, 11 fotógrafos; 9 comunicadores y 5 camarógrafos, junto con señalar lo sucedido a dos trabajadoras del Diario Estrella de Arica, quienes sufrieron violencia sexual por agentes del Estado el 23 de octubre de ese año, al ser detenidas en toque de queda –pese a mostrar credenciales de prensa- y obligadas a desnudarse en la patrulla policial.

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