El Tribunal Supremo aceptó la solicitud presentada por la Superintendencia de Salud la semana pasada, alegando que accedieron a la solicitud «por el principio de deferencia con el Poder Ejecutivo».

La Tercera Sala de la Corte Suprema concedió una extensión adicional de seis meses para la implementación de la sentencia relacionada con la tabla de factores de las Isapres. Esto, en respuesta a la petición formulada por la Superintendencia de Salud a fines de la semana pasada.

De esta manera, el Máximo Tribunal concedió una segunda solicitud de aplazamiento a la entrada en vigor de la sentencia dictada en noviembre del año pasado.

Es importante señalar que en mayo pasado, se llevó a cabo una primera prórroga de seis meses con el objetivo de permitir el avance en el proceso legislativo de la ley corta de isapres presentada por el Gobierno en esa fecha.

«Por el principio de deferencia con el Poder Ejecutivo se accederá a lo solicitado. De conformidad a lo expuesto, se accede a la petición de lo principal del folio N° 278871-2023 y se concede el plazo solicitado a partir del 12 de noviembre próximo», señaló la Tercera Sala integrada por el presidente Sergio Muñoz y los ministros, Ángela Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus.

Ahora, la Superintendencia de Salud necesitará un  período para poder implementar todo lo que está definido en los fallos anteriores.

Cuando se presentó la solicitud al máximo tribunal -el viernes pasado-, el superintendente de Salud Víctor Torres detalló que «hemos solicitado a la Corte Suprema una nueva ampliación del plazo por seis meses adicionales, que permita al Parlamento contar con el tiempo para aprobar la iniciativa ingresada por el gobierno».

Asimismo, la autoridad explicó que «atendida la complejidad que tiene la implementación del fallo […], es fundamental que el Congreso pueda seguir avanzando en la tramitación del proyecto, que permitirá cumplir de mejor manera el fallo, haciéndose cargo con sentido de realidad de la situación actual del sistema, evitando que sus efectos pongan en riesgo el acceso a las atenciones de salud de las personas y a las coberturas y los beneficios pactados en sus planes».

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