La agrupación arremetió en contra de la iniciativa, argumentando que permitiría que presos de Punta Peuco cumplieran sus penas en libertad.

Esta semana se llevó a cabo en el Congreso la votación en Comisión de DD.HH. del proyecto que busca permitir a presos de más de 70 años o enfermos terminales cumplir sus condenas carcelarias desde el hogar, hecho que provocó profundo rechazo en sectores del oficialismo y organizaciones sociales.

Desde Concepción, este jueves se llevó a cabo una manifestación en pleno centro encabezada por la Coordinadora de Organizaciones de DD.HH. y Memoria, donde un grupo de personas se reunieron para criticar a viva voz la idea de legislar una iniciativa que podría aligerar las condenas a criminales de la dictadura cívico-militar.

«Rechazamos este proyecto de ley presentado por la derecha y emplazamos a las y los parlamentarios a votar en contra de la impunidad de los criminales de lesa humanidad», manifestaron. iniciativa que apodaron como «Ley Punta Peuco».

La agrupación, además, criticó la ausencia del senador del Biobío Gastón Saavedra en la votación de la Comisión de DD.HH., donde la iniciativa en cuestión terminó con 3 votos favorables y uno negativo, proveniente del senador Núñez (PC), la que calificaron como «ausencia lamentable e inexplicable».

Esta iniciativa, en su perspectiva, «constituye un mecanismo de impunidad«, pues transgrede «el Derecho Internacional de Derechos Humanos, que señalan la importancia de que crímenes tan graves no queden sin castigo efectivo, como ocurrió y sigue ocurriendo con criminales de la Alemania nazi que no por su edad evaden a la Justicia».

Argumentaron que el cumplimiento efectivo de penas a este tipo de criminales está respaldado por «el Estatuto de Roma, la Convención Contra la Tortura, Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos Mediante la Lucha Contra la Impunidad, de la Naciones Unidas, entre otros».

Además, aseguran que constituye «una afrenta a la memoria de las víctimas y una revictimización a las y los sobrevivientes», los que están registrados en los informes de Verdad y Justicia Rettig I, II y Valech I y II.

En cuanto al efecto de esta ley, sostienen que «los posibles beneficiados por este proyecto de ley, son personas condenadas por crímenes atroces, como genocidio, asesinatos, violaciones políticas sexuales, secuestro de niños y niñas, torturas y desapariciones, todo ello por el solo hecho de pensar distinto».

Finalmente, recalcaron que «las condiciones en las cuales se encuentran cumpliendo sus condenas, se enmarcan en condiciones privilegiadas en comparación con la realidad carcelaria del país y, por tanto, su permanencia en prisión no afecta sus Derechos Humanos».

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