La iniciativa será ingresada al Congreso, buscando darle un rol fiscalizador a los consejeros regionales (cores) en los traspasos de fondos públicos a privados desde los Gobiernos Regionales.

Tras casi 90 días de trabajo, la Comisión Especial Investigadora (CEI) 45, llamada «Cuestionamiento a la entrega de fondos públicos a entidades privadas, por parte de Ministerios y Seremis determinados», entregó conclusiones y propuestas en torno a los últimos cuestionamientos por el traspaso de fondos desde entidades públicas.

Algunas de las conclusiones tienen relación con la lentitud en tramitación de expedientes para hacer valer responsabilidad administrativa, crisis en el sistema de traspaso de fondos y avances en presentación de proyectos de ley que buscan enmendar situación.

En ese contexto, la diputada del Biobío María Candelaria Acevedo anunció que el ingreso de una reforma constitucional, buscando facultar a los consejeros regionales (cores) con el poder de fiscalizar los convenios indicados en el artículo 115 de la Constitución.

“Creemos que es importante en el sentido de que hay que darle certeza a la población, a los ciudadanos en cuanto a que los recursos que se están entregando van bien encaminados […] entregándole mayores facultades a los consejeros regionales en cuanto a la fiscalización”, explicó la parlamentaria comunista.

De acuerdo con la legisladora, el proyecto busca dar una base sólida para el establecimiento de un mayor margen de responsabilidad de los particulares, tanto personas naturales o jurídicas sin fines de lucro, que celebren asociaciones o convenios con los Gobiernos Regionales.

“Además, se entrega a los cores, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, la facultad para aprobar o rechazar dichas asociaciones o convenios, con los quórums señalados en la ley, así como de fiscalización respecto del cumplimiento de dichos convenios”, señaló.

A la fecha, el Ministerio Público lleva a cabo 67 investigaciones por traspasos de fondos desde los Gobiernos Regionales del país hacia fundaciones o entidades privadas.

«Es la única forma en la cual podemos tener mucha más responsabilidad con los recursos que se entregan y mayor fiscalización«, cerró.