Tal como a finales de marzo, nuevamente el anuncio de suspensión de Huachipato pone contra las cuerdas la situación económica de la región del Biobío. El Grupo CAP anunció que durante septiembre se llevaría a cabo el proceso de cierre de la siderúrgica, dejando sin empleos a más de 20 mil trabajadores.

Sobre este grave escenario que está cerca de cumplirse se manifestaron autoridades comunales y parlamentarios del Biobío, quienes coincidieron en criticar el actuar del directorio de CAP y a su vez llamaron al Gobierno a hacerse presente en la zona.

El alcalde de Talcahuano Henry Campos (UDI) solicitó directamente a la ministra Jeannete Jara trasladarse al Biobío ante la crisis que se avecina con la pérdida de empleos, a la vez que consideró la situación como «un balde de agua fría para la comuna de Talcahuano, la región del Biobío y para la actividad industrial de Chile«.

«Lamentablemente la aplicación de salvaguardia, que era lo que se pedía, no ha podido solucionar los problemas financieros y los desequilibrios generados también producto de la competencia desleal que han hecho las empresas chinas», señaló.

«Necesitamos que el Estado intervenga de alguna manera para poder garantizar las compensaciones que son necesarias para aquellos trabajadores que puedan perder sus fuentes laborales».

«Por eso hacemos un llamado al Gobierno y en forma muy particular a la ministra Jara a que se instale en esta región para ver y abordar cómo se van a desarrollar las políticas del Estado para poder garantizar la continuidad laboral de los trabajadores», solicitó.

En el mismo plano, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) apuntó a que «no podemos quedar impávidos respecto a que pueden llegar a quedar 20 mil familias sin empleo en la región», pese a que «es un tema de mercado, de empresas, de un holding».

«Huachipato nos mintió»

Por su parte, el parlamentario de la zona Eric Aedo (DC) apuntó sus dardos hacia Huachipato y el Grupo CAP, asegurando que «nos minitió a todos desde el principio, a la región del Biobío, al país, a los trabajadores, al Gobierno y a los parlamentarios».

«Le transmití a los dirigentes sindicales de Huachipato que tenía dudas del real interés de esta empresa en mantener en funciones a CAP, y el tiempo nos ha dado la razón. Esta empresa mintió, se entregaron todas las salvaguardas que requerían para tener una operación económica sustentable en el tiempo y simplemente no fueron capaces de llegar a un acuerdo con Molycop, que es otra empresa privada», acusó.

«El Estado, los trabajadores, la región y el país hicieron todo de su parte para que esta empresa siguiera funcionando, pero simplemente siempre actuaron de mala fe y con la decisión de cerrar, que han concretado hoy día», cerró.

Intervención del Estado

Por su lado, la diputada comunista María Candelaria Acevedo solicitó que el Estado se haga parte de la empresa para sostener a Huachipato y evitar la pérdida masiva de empleos en el Biobío.

«Es una situación absolutamente preocupante, que golpea directamente a la economía local, pero sobre todo a esas 20 mil familias que dependen de la empresa. Este anuncio no deja de sorprendernos, toda vez que hace un par de meses la solución era la salvaguardia y ahora no resulta suficiente«, declaró.

La parlamentaria pidió a los actores involucrados a que «reevalúen todos los escenarios posibles y en caso de ratificar la medida, establezcan un plan de trabajo que permita abrirse a que nuevos actores inyecten recursos para seguir manteniendo con vida a la industria del acero en el país, siendo clave que el Estado también sea parte de esta empresa estratégica«.

«Es en esa línea que solicito a mi gobierno, al del Presidente Gabriel Boric para que busque todas las fórmulas posibles para que Huachipato siga funcionando«, pidió.

Acuerdo entre Huachipato y Molycop

El senador del Biobío Enrique van Rysselberghe propuso que «Huachipato y Molycop puedan profundizar aún más su comunicación, respetar los acuerdos comerciales que estas empresas hayan tenido y lleguen finalmente a un acuerdo».

Esto para permitir que la siderúrgica «pueda continuar sus operaciones y entregándole así tranquilidad al resto de las familias que trabajan en la empresa y también al resto de las familias cuya economía depende de la operación del cordón industrial de esta parte de nuestra región».

«Lamentamos especialmente que esta situación se haya generado a pesar de los esfuerzos del Estado por generar salvaguardias a la competencia desleal proveniente de China, ya que en esta ocasión en particular la suspensión se explica por un problema comercial con la empresa Molycop«, agregó.