La Ley Karin, promulgada para proteger a los trabajadores frente al acoso laboral sistemático, se encuentra en el centro de una polémica en Concepción, donde dos funcionarios de confianza de la administración anterior habrían intentado utilizar esta normativa con fines económicos y de poder, desvirtuando su propósito original.
Adolfo Muñoz y Aldo Mardones, quienes ocupaban cargos estratégicos bajo la gestión anterior, han denunciado al alcalde suplente de Concepción, Boris Negrete, acusándolo de vulnerar la Ley Karin.
Según los denunciantes, un correo electrónico enviado por Negrete les solicitó que, “en la medida de lo posible”, suspendieran sus vacaciones para regresar y entregar sus funciones a las nuevas autoridades.
El caso ha generado controversia, porque Muñoz y Mardones deben abandonar sus cargos el próximo 5 de diciembre debido a la pérdida de confianza tras el cambio de administración.
El diputado Roberto Arroyo (PSC) criticó duramente esta situación: «La Ley Karin fue creada para proteger a los trabajadores que son víctimas de acoso laboral sistemático».
«Esta es una ley que aprobamos en el Congreso, debido a la lamentable que la muerte de una persona como Karin Salgado, quien sufrió este tipo de acoso, se use como aprovechamiento político para aferrarse al poder y al dinero. Espero que el Contralor no se preste para ensuciar la Ley Karin con los fines políticos y económicos de Álvaro Ortiz y su grupo», agregó.
Por su parte, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) indicó que «hago un llamado al exalcalde Ortiz a que conmine a su equipo de confianza a que renuncien y dejen en libertad de acción al nuevo alcalde Héctor Muñoz».
«La ciudadanía manifestó su veredicto y dijo que la administración de Ortiz terminaba ahora empieza una nueva era para la ciudad de Concepción por lo tanto los conmino a que actúen con decencia democrática», dijo.
Las acciones de Negrete, según expertos legales, estarían dentro del marco normativo, ya que, al encontrarse de vacaciones, corresponde que sean convocados para gestionar su desvinculación.
Desde la administración municipal se aclaró que el correo enviado por el alcalde suplente no constituye una infracción a la ley, ya que no existe evidencia de acoso laboral, sino un procedimiento administrativo necesario para garantizar una transición ordenada.
“Estamos actuando conforme a la normativa. No se ha vulnerado el derecho de ningún trabajador”, señalaron fuentes del municipio.
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