Recientemente se conoció el caso de una trabajadora de La Moneda que, tras denunciar acoso laboral y sexual, llegó a un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para recibir una indemnización de 40 millones de pesos.
Ahora, ha salido a la luz una segunda denuncia que involucra a otra funcionaria con experiencias similares.
El 29 de septiembre de 2022, dos trabajadoras del Departamento de Patrimonio Cultural de la Presidencia fueron desvinculadas luego de denunciar acoso por parte de su jefatura. Una de ellas, identificada como C.G., fue quien recibió la mencionada indemnización.
La otra, F.L.H., cuyo caso fue revelado este martes por T13, también relató haber sufrido hostigamiento desde su llegada a la institución en 2022, tras su paso por el Ministerio de Cultura.
Según la denuncia, F.L.H. acusó a su jefa Paz Moreno de desestimar su trabajo e incluso restringir su interacción con colegas, lo que generó comentarios internos en el departamento sobre un cambio en el foco de persecución, que antes recaía en C.G.
Además, afirmó haber recibido mensajes agresivos y de connotación sexual de Francisco Cofré, lo que reportó a Moreno. Sin embargo, según el testimonio, Moreno restó importancia al hecho y recomendó a la denunciante buscar información en la página web si deseaba formalizar una queja.
Ante esta situación, pidió a la Presidencia iniciar un sumario y acudió al Ministerio de la Mujer, donde declaró sobre lo ocurrido. Según informaron, la ministra recibió personalmente a la denunciante en enero de 2023, detallando una cronología de los hechos y comprometiéndose a reforzar las gestiones con la administración de La Moneda.
Como resultado, se inició un sumario interno que terminó con la destitución de Francisco Cofré en junio de 2024.
Por otro lado, Paz Moreno dejó su cargo en febrero de 2023. Adicionalmente, se implementó una intervención psicológica en el departamento a través de la Mutual de Seguridad.
En cuanto al caso de C.G., Presidencia explicó que su indemnización derivó de una acción legal en la que se declaró la existencia de una relación laboral y tutela laboral, lo que llevó al CDE a aprobar el pago de los 40 millones de pesos como compensación.
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