Por Ignacio Abad, encargado de comunicaciones de Fundación Huella Local
Días atrás se publicó la edición N°34 de la encuesta “Claves Ipsos”, la cual da cuenta de una realidad preocupante, pues tres de cada cuatro personas (75%) sostienen que hay mucha corrupción en el país. Estos datos no sólo reflejan un estado de desconfianza en las instituciones, sino que también revelan un problema de fondo que podría seguir afectando a la gobernabilidad y al desarrollo social en Chile. ¿La razón? Porque la probidad y la transparencia son valores esenciales en la construcción de una sociedad justa y equitativa, pero la falta de ellos nos puede llevar a un ciclo destructivo de escepticismo difícil de superar.
Según el sondeo, la percepción de corrupción se extiende a todos los niveles: 76% en los partidos políticos, 72% en el Congreso, 62% en las municipalidades, 60% en el Estado y los Tribunales de Justicia, y 50% en las empresas estatales. Esta apreciación, además, se extiende hasta las organizaciones de la sociedad civil, con un 43% de imagen negativa asociada a la corrupción. (lo que se debe, sin ningún tipo de eufemismos, al impacto mediático del denominado Caso Convenios, ocasionado por militantes políticos que aprovecharon los mecanismos estatales para beneficiarse, y otros personeros que incurrieron en malas prácticas para provecho personal).
Retomando los datos que entrega el insumo de Ipsos, podemos afirmar que la corrupción no debe asociarse únicamente a un problema ético o moral, sino que tiene consecuencias directas en la cotidianeidad de las personas. Esto se puede ejemplificar en que la falta de transparencia en la gestión de recursos, tanto públicos como privados, puede impactar directamente en el acceso y calidad de los servicios básicos, en la inversión en infraestructura, y en la formulación de políticas públicas efectivas.
Ante este panorama, también es necesario recordar que los altos niveles de percepción de corrupción no sólo socavan la legitimidad de las instituciones, sino que también influyen en el distanciamiento, apatía o desencanto que desarrolla la ciudadanía hacia estas mismas.
Considerando todo lo anterior, podemos afirmar que la corrupción es uno de los grandes obstáculos para el progreso y el bienestar social en nuestro país (y otras naciones, claro está).
Por lo mismo, es imperativo que tanto el sector público como el privado implementen medidas concretas para restaurar la confianza en la opinión pública, como la adopción o intensificación de políticas de transparencia y de rendición de cuentas. También es necesario avanzar hacia sistemas de gobernanza que den cuenta de un trabajo íntegro y de cara a la ciudadanía, ya que así se puede incentivar el interés por el control y fiscalización de la gestión pública.
Pero lo más importante es que asumamos la trascendencia de estos desafíos, dado que el futuro de nuestra democracia y el bienestar de nuestra sociedad dependen de ello.
Deja una respuesta