En la mañana de este martes se desarrolló la segunda instancia de formalización de los imputados del caso Puerto Coronel, de los cuales figura el alcalde reelecto, Boris Chamorro, quien es acusado por delitos de cohecho y corrupción. Bajo este contexto, la fiscalía solicitó al tribunal el cumplimiento de prisión preventiva para la autoridad.
La fiscal adjunta, Glenda Lagos, pidió esta medida cautelar durante la jornada de este martes, la cual también también incluye a Víctor Olivares, quien era el contratista del Puerto Coronel y conexión entre el municipio y la empresa portuaria, a su fundador y expresidente, Eduardo Hartwig, y por último a Daniel Chamorro, quien se desempeñaba como gerente de administración y finanzas.
Los antecedentes del caso que investiga la fiscal Lagos tienen origen en una denuncia presentada por el gerente general del Puerto Coronel, Patricio Román, que el 21 de noviembre de 2023 acusó una serie de incidentes irregulares acontecidos en la empresa.
En primer lugar, se tienen sobornos que la empresa portuaria hizo llegar al líder municipal y al exconcejal, Eduardo Araya, también se tiene registro de otros cuatro dirigentes sindicales que habían participado, pero que a la fecha no han sido formalizados.
El segundo arista consta de la emisión de boletas falsas para ocultar y blanquear el dinero utilizado, supuestamente, para coimas. También se incluye la retribución de dinero para exejecutivos, todo estos actos teniendo como base la participación de pymes proveedoras del puerto, las que ayudaron a generar estos registros.
La tercera parte tiene como antecedente que se conocía, por parte de los altos cargos de la empresa, que se efectuaban estas irregularidades. Dentro de los cargos y hechos por los que se acusa al alcalde de Coronel, es el de recibir cerca de tres millones de pesos mensuales, hecho oculto por los dirigentes de la compañía.
Fotografía: Agencia Aton
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