La millonaria malversación data de los años 2019 y 2020, periodo en que consumó 161 delitos de fraude al Fisco utilizando datos de pacientes. Fiscalía solicitaba más de 20 años de cárcel.
Este martes el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción llevó a cabo la lectura de sentencia por el sonado caso de fraude a Fonasa llevado a cabo por una médico cirujana de la zona.
Paulina Carrasco fue condenada a la pena única de 7 años y 183 días de presidio mayor en su grado mínimo y a 4 años de presidio menor en su grado máximo por los delitos de fraude al Fisco y lavado de activos en perjuicio del Fondo Nacional de Salud, totalizando 11 años de cárcel.
La profesional fue acusada de utilizar datos de pacientes para comprar bonos para prestaciones médicas que nunca se llevaron a cabo, lo que significó un fraude y pérdida para el sistema de salud público superior a $5.000 millones.
En esa línea, la sentencia implica la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, además de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
De igual forma, fue condenada a restituir la suma de $1.286.791.175 como perjuicio sufrido por Fonasa, esto tras acogerse la demanda civil interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado
La fiscal María José Aguayo comentó que «es un fallo correcto. Estamos conformes con el fallo desde un punto de vista jurídico por los delitos por los que fue condenada».
«Como Fiscalía pedíamos más de 20 años, fue condenada a 11 años y medio aproximadamente entre ambos delitos. El quantum debe ser analizado jurídicamente en cuanto a la procedencia de circunstancias modificatorias, y ahí revisaremos si se interpone algún tipo de recurso contra la sentencia», añadió.
Cabe destacar que el Ministerio Público informó que se logró recuperar cerca del 75% del monto defraudado gracias a diversas diligencias tanto a ella como a sus familiares, una cifra aproximada de $3.800 millones.
La imputada permanece en prisión preventiva desde 2020, año en que se comprobó que las acciones de Carrasco estaban fuera de la normativa.
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