La justicia decretó un plazo de tres meses para la investigación por el hecho ocurrido la madrugada del pasado viernes en la provincia de Biobío.

La tarde de este lunes, se ordenó la detención preventiva para el sobrino de Héctor Llaitul y otros cuatro individuos, quienes fueron arrestados en el acto la madrugada del pasado viernes después de cometer un ataque incendiario en Quilleco, región del Biobío.

La decisión de mantenerlos en prisión preventiva se tomó después de una audiencia de formalización que se extendió por más de cuatro horas en la comuna de Los Ángeles.

En ella, se les imputó los delitos de amenazas, incendios y homicidio frustrado contra Carabineros.

Al respecto, la defensora Ivonne Flores precisó que «el tribunal rechazó el peligro para la sociedad, y en ese sentido decretó la medida cautelar solamente por peligro de fuga».

De acuerdo a lo señalado hace días por la policía uniformada, los acusados son integrantes de un brazo operativo de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

En específico, los sujetos fueron aprehendidos durante la madrugada del pasado viernes tras un ataque incendiario que afectó a una faena forestal en el sector de Canteras de Quilleco.

Además, como consecuencia del incidente, se reportaron dos maquinarias agrícolas destrozadas, así como un camión y una retroexcavadora dañados.

Por último, se informó que se ha establecido un período de tres meses para llevar a cabo la investigación correspondiente.

Una disminución objetiva de la violencia en la Macrozona Sur

En relación a estos acontecimientos, el ministro del Interior (s) Manuel Monsalve destacó la capacidad de respuesta de las autoridades uniformadas ante los hechos de violencia en la zona.

De igual forma, según el ministro, existen tres aspectos clave en la Macrozona Sur que son fundamentales para lograr una reducción de los incidentes de violencia. Estos son el despliegue policial, la persecución penal y el apoyo a las víctimas.

En este contexto, Monsalve afirmó que «yo creo que en el caso de la Macrozona Sur (…) hemos logrado una disminución objetiva en lo que respecta a actos de violencia».

«Si comparamos los primeros nueve meses de cada año, en 2021 hubo 1.300 incidentes de violencia rural, en 2022 alrededor de 900, y este año han sido 775, lo que indica una tendencia a la baja. Por otro lado, hemos observado una tendencia al alza en los resultados de la persecución penal», explicó.

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