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Revelan que presos beneficiados con videollamadas son investigados por secuestro y homicidio de un carabinero

Este viernes trascendió la controversial decisión del juez de garantía Daniel Urrutia de extender una serie de permisos a un grupo de reos de alta peligrosidad, a quienes, por la clase de delitos que protagonizaron, no les correspondían.

En concreto, Urrutia autorizó judicialmente a fines de enero el contacto con el exterior de cuatro sujetos investigados por diversos delitos, tales como videollamadas y visitas de terceros, mientras se mantienen retenidos en una cárcel de máxima seguridad.

Esto generó un conflicto entre el Poder Judicial y Gendarmería, entidad que determinó acudir a la Corte de Apelaciones para revertir la situación. El recurso se encuentra en tramitación.

Del mismo modo, se dio a conocer la identidad de los cuatro imputados, que se encuentran en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) de Santiago.

El primero de ellos es Ovicmarlixón Garcés Briseño, actualmente investigado por su responsabilidad en el homicidio del cabo de Carabineros Daniel Palma, asesinado el 5 de abril de 2023 de un disparo en el rostro. La Fiscalía pide 86 años de cárcel para Garcés.

Luego, el segundo beneficiado fue Daniel Fuentes Escalona, apodado «el Araña», otro de los involucrados en el caso Palma. Sobre él pesan delitos trales como robo con violencia, homicidio frustrado y disparos injustificados, además de robo con intimidación con retención de personas.

El tercero el José Candurin Meléndez, vinculado al grupo criminal «Caracas», que se dedicaba a los secuestros. Fiscalía le imputa una serie de hallazgos de cadáveres en las afueras de Santiago.

Finalmente, el cuarto beneficiado por el juez Urrutia corresponde a Yondri Martínez Garcés, ligado al grupo «Caracas», a quien se le imputa una serie de homicidios.

De acuerdo con un informe de La Segunda, tanto Ovicmarlixón como «el Araña» fueron beneficiados con las visitas de sus respectivas madres, mientras que a Candurin se le autorizó una videollamada con familiares, y a Martínez una reunión sin grabación de audio con su representante.

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