Ayer lunes, el Ministerio Público anunció la solicitud de programación para formalizar a cuatro acusados por una de las aristas del Caso Convenios, que apunta al traspaso de montos públicos desde el GORE hacia la Fundación Mi Hogar Asuncionista.

Se trata de un contrato suscrito por el Gobierno Regional del Biobío y dicha fundación por un monto de $160 millones, destinados para ejecutar el proyecto «En Mi Establecimiento Educacional Yo Opino y Participo». Los delitos indagados son fraude al fisco, estafa y negociación incompatible.

Son cuatro los exfuncionarios indagados por diversos delitos a quienes la Fiscalía del Biobío busca imputar: los trabajadores particulares Viviana Leal, Claudio Portiño, junto a Simón Acuña y Tamara Vidal, extrabajadores del Gobierno Regional.

En detalle, la fiscal María José Aguayo aseguró que «son 13 causas que se están llevando a cabo, trece investigaciones en materia de convenios […] hay entidades con las cuales se celebró más de un convenio. Cada causa, cada investigación tiene su complejidad y también su ritmo, y por supuesto el capitán humano investigativo también tiene sus limitaciones».

Desde el GORE aclararon que la primera querella por esta arista fue interpuesta durante julio de 2023 por los delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, fraude al fisco y negociación incompatible.

«En el marco de una investigación interna se detectaron irregularidades gravísimas por parte de una funcionaria que fue sumariada y desvinculada del servicio», apuntando a que «ella oficiaba como contraparte técnica del programa, al igual que en otros ocho indagados por el Ministerio Público».

«Como parte querellante, y principales interesados en esclarecer la potencial existencia de delitos, valoramos la decisión del Ministerio Público y, como lo hemos hecho anteriormente, nos ponemos a disposición para colaborar con cualquier diligencia que determine», cerraron.