En la comuna de Quintay, región de Valparaíso, el Presidente Boric anunció este jueves el ingreso de un proyecto de nueva Ley General de Pesca en reemplazo de la actual norma que regula la industria pesquera.

La ley vigente se remonta a 2012, cuyo trabajo legislativo estuvo marcado por la indebida intervención de privados mediante sobornos a parlamentarios oficialistas de esa época, lo que finalmente desembocó en el Caso Corpesca.

El mandatario manifestó que «necesitamos una nueva y buena Ley de Pesca para Chile, una ley que sea justa, que asegure la sostenibilidad de los recursos».

«La actual Ley de Pesca no tiene la legitimidad ni cumple con los estándares que la democracia exige. Pese a que en su elaboración participaron de buena fe organizaciones sociales, hubo quienes durante su tramitación pusieron intereses privados por sobre los intereses comunes», apuntó.

Boric aseguró que esta nueva ley «está construida sobre evidencia científica, potencia nuestra vocación oceánica y pesquera, reconoce la importancia de nuestras caletas y comunidades costeras, favorece el desarrollo económico de nuestro país, el empleo y la preservación de nuestra entidad marítima».

En detalle, esta iniciativa cuenta con una serie de directrices, como el desarrollo sostenible de la actividad, enfoque científico-técnico, transparencia en el sector pesquero y combate contra la pesca ilegal, y modernización de la regulación sectorial y fortalecimiento de la institucionalidad pesquera.

Sobre su contenido, la nueva iniciativa de ley incluye:

• Reducción de las licencias de pesca de 20 a 10 años.
• La obligatoriedad de planes de manejo para todas las pesquerías, sin excepción.
• Establece el fraccionamiento de los recursos pesqueros entre el sector artesanal y el industrial con base en criterios científicos y de equidad interregional e intrarregional; y un nuevo sistema de licencias transables de pesca para el sector industrial.
• Aumenta de un 15% a un 50% el porcentaje de los recursos que se asignan al sector industrial mediante licitaciones públicas, disminuyendo de un 85% a un 50% el porcentaje que se asigna mediante criterios históricos de captura

Desde el Biobío, la diputada María Candelaria Acevedo destacó que la nueva iniciativa del Gobierno incluye «seguridad social, la sustentabilidad, el fraccionamiento, y por supuesto asegurar el trabajo de las y los pescadores artesanales».

«Lo más probable es que en marzo de 2024 ya podamos tener sesiones en las cuales vamos a trabajar esta ley de pesca y en al que vamos a invitar a todos los actores que tengan que ver con esta nueva ley, que por lo demás hemos dicho que nace de la democracia, de los territorios, de los pescadores artesanales, que la hace más democrática», explicó.