En Europa posterior a los años del covid-19 se produjo una ola de inmigrantes que no ha sido aceptada por todos los ciudadanos, o al menos así lo hace ver Francia a través de sus duras críticas a la falta de una regularización de la inmigración.

Los ciudadanos franceses están convocados hoy por segundo domingo consecutivo a salir a las calles para rechazar la ley de inmigración adoptada por el Parlamento en diciembre, norma pendiente de la validación del Consejo Constitucional que aún no se ha resuelto.

Organizaciones sociales y sindicatos llamaron a la protesta, la cual respaldan fuerzas políticas de izquierda, para denunciar la iniciativa gubernamental que una parte del país considera contraria a valores republicanos como la solidaridad, la fraternidad y la igualdad.

La mayor movilización se espera en la capital, donde los manifestantes saldrán de la emblemática plaza de Trocadero, aunque también se prevén marchas en otras grandes ciudades.

Más de 200 personalidades de la vida asociativa y sindical francesa firmaron hace varios días la convocatoria a la movilización, que el domingo pasado atrajo a miles de personas, con expectativa de que la respuesta sea hoy mucho más importante.

Entre las organizaciones que llamaron a rechazar la ley de inmigración están los dos principales sindicatos: la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) y la Confederación General del Trabajo (CGT).

«Nuestro objetivo es denunciar una ley que no es la Francia de la solidaridad, la libertad, la igualdad y la fraternidad, la de vivir juntos en la cotidianidad», señaló la secretaria nacional de la CGT, Sophie Binet.

El texto acordado por el oficialismo y los conservadores, quienes negociaron en ventaja, genera polémica al ser considerado por la extrema derecha una victoria ideológica, con medidas como la imposición de un depósito de garantía a estudiantes extranjeros para poder ser aceptados en universidades de Francia.

También restringe la reunificación familiar, la regularización de trabajadores indocumentados y el apoyo a quienes residen legalmente, por ejemplo en materia de alojamiento, y llama a reformar la Ayuda Médica del Estado a personas “sin papeles”, beneficio que la derecha quiere eliminar.

Las marchas contra la ley de inmigración representan un mecanismo de presión sobre el Consejo Constitucional, que el 25 de enero emitirá su dictamen sobre el apego o no de la iniciativa a la carta magna.

De acuerdo con los entendidos, resulta improbable que el Consejo censure la norma en su conjunto, aunque sí es bastante posible que rechace algunos artículos, o parte de ellos.

El propio gobierno admitió que hay acápites que no son de su agrado, como el cobro de un depósito a estudiantes foráneos como ejemplo de los problemas que traen los inmigrantes.